Marcha en Immokalee, Florida, contra ley migratoria de DeSantis SB 1718: “No es nuestro gobernador, sino el de quienes no nos quieren”

Jul 18, 2023

Immokalee, Florida.— Lupita Vázquez no despertó este jueves con el bullicio cotidiano de los camiones trasladando mercancía, ni con las voces de los jornaleros latinos tan presentes en los sembradíos y las obras de construcción en Immokalee, una comunidad agrícola a más de 70 millas al noroeste de Miami, Florida.

“De escuchar una cosa todos los días, los sonidos de lo que son los trabajadores inmigrantes, lo que es tu comunidad inmigrante y luego el silencio, para mí fue muy impactante”, contó a Noticias Telemundo Vázquez, hija de agricultores, veterana del Ejército y activista local.

La pequeña ciudad rural de apenas 28,000 residentes donde vive se paralizó en gran medida este jueves, cuando miles inundaron sus estrechas calles en la marcha “Un día sin inmigrantes”, un paro laboral convocado en todo el país como protesta pacífica contra la dura ley migratoria promovida y firmada por el gobernador del estado, Ron DeSantis, que entra en vigor el 1 de julio y vulnera a los indocumentados, a sus empleadores y a sus familias.

“Más de 20 negocios están cerrados hoy en solidaridad y en apoyo” a ellos, dijo Vázquez. “Que les duela donde les debe doler, que es el dinero, toda la economía. Esperamos que ése sea el impacto (...) No nos vamos a quedar callados y en la oscuridad”.

Las organizaciones Unidos Immokalee y Coalición de Inmigrantes en Florida, grupos proinmigrantes, estiman que unas 6,500 personas se unieron a la protesta.

En la Taquería El Gran Taco Loco los clientes hallaron las puertas con llave. Tiendas de ropa, lavanderías, cafeterías y agencias de envío, entre otros negocios, permanecieron cerrados en distintas avenidas de la ciudad.

En uno de los pocos restaurantes abiertos, a algunas calles de donde los manifestantes marcharon al final de la tarde, una mesera vestía una camiseta en la que se leía: Immigrants made America great (Los inmigrantes hicieron grandioso a Estados Unidos). La compró esta mañana, relató, y la usó porque no pudo dejar de trabajar ni ir a la protesta.

Immokalee, uno de los pueblos agrícolas que más tomates produce en Estados Unidos, es considerado un “pulmón de la agricultura” del país, cuyo motor son los trabajadores inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, se quejó Lucas Benitez, un agricultor y líder comunitario en la Coalición de Trabajadores de Immokalee.

“Es una completa ironía esta la ley: básicamente son los trabajadores agrícolas los que ponen la comida sobre la mesa. ¿Qué pasa si no están ellos?”, cuestionó. Cada temporada, alrededor de 40,000 trabajadores agrícolas cosechan aquí no solo tomates, sino cítricos y otras frutas y verduras.

María Pérez se mudó hace unos meses a Immokalee y este jueves llevó a una de sus amigas indocumentadas a lavar la ropa con la que, dijo, abandonará el estado. “No pueden manejar, tienen miedo que la policía los pare”, afirmó Pérez.

“En octubre empieza la cosecha, todas esas verduras no las va a recoger nadie. Lo que pagan por una cubeta son 75 centavos (de dólar) y las personas que tienen papeles no quieren ganar poquito”, aseguró. “Si tú te acercas a un campo de siembra, no ves ni una sola persona gringo americano, un blanco allí, todos son morenitos y latinos como yo”.

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Entre 150,000 y 200,000 inmigrantes trabajan en viveros y cultivos agrícolas en Florida a lo largo del año, según cifras del Departamento de Salud de Florida. La mayoría de trabajadores agrícolas ganan menos de 12,000 dólares anuales, ubicándolos por debajo de la línea de pobreza en el estado.

La Ley SB 1718 fue aprobada el 2 de mayo por la Legislatura estatal de mayoría republicana, y DeSantis la firmó una semana después, cuando se esperaba un aumento en la llegada de inmigrantes a la frontera sur tras el fin de la norma sanitaria conocida como Título 42.

La medida no solo castiga a las empresas que den trabajo a indocumentados con multas, sino a sus familiares y otros que los ayuden. Tampoco reconoce licencias de conducir emitidas por otros estados y obliga a algunos centros médicos a preguntar por el estatus migratorio de los pacientes.

Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la legislación, considerada la más severa en materia de inmigración en Estados Unidos, es una estrategia política de DeSantis para su candidatura presidencial de 2024, anunciada a finales de mayo.

Bajo el sol y luego la lluvia de una depresión tropical que se sentía este jueves en partes de Florida, miles, incluyendo niños, gritaron consignas en español contra DeSantis.

Llevaban banderas de países como México y Guatemala. También pancartas en las que se leía “Immokalee business depend on immigrants” (“Los negocios de Immokalee dependen de los inmigrantes”). Algunos hablaban español y otros lenguas indígenas.

“DeSantis no es nuestro gobernador. Es el gobernador de la gente que no nos quiere aquí”, aseveró el agricultor Benitez a los presentes desde una tarima.

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Clarisa Ruedamesa, quien dijo que ella y sus dos hermanos son ciudadanos estadounidenses pero que sus padres son indocumentados, aseguró que han pensado abandonar Florida. “Mis padres estaban tratando de irse a Sur Carolina, pero les dije que no”, relató.

La joven de ascendencia mexicana y su familia trabajan en la construcción, específicamente armando los cimientos de las casas en la comunidad. Contó que teme despidos cuando la ley migratoria entre en vigor.

Pedro Martín no cerró una, sino las cuatro sucursales de su tienda El Quetzal en distintas ciudades del sur de Florida. “Cerramos hoy para unirnos con nuestra gente”, dijo, “quienes no todos tienen documentos”. “Son los que nos dan poder a nosotros, nos ayudan y debemos estar con ellos”.

La marcha de este jueves—que tuvo réplicas en otras partes del país y ciudades de Florida como Orlando, Tampa, Ft Myers y Palm Beach— es parte de una serie de acciones ciudadanas que han surgido desde la indignación de la población, aseguró Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes en Florida que, junto a líderes comunitarios y la organización Unidos Immokalee, organizó “Un día sin inmigrantes” y la protesta pacífica en esta zona agrícola.

“La gente inmigrante en este estado está cansada de la hostilidad y que las vidas se les hagan cada vez más difíciles”, indicó, y “se está movilizando, está empezando a pelear contra esta gente en el gobierno estatal que no aprecia sus contribuciones laborales y culturales al estado”.

Esta es la segunda marcha que se realiza en Florida para protestar por la ley migratoria SB 1718 antes de que se haga efectiva. Cientos de personas se reunieron el sábado frente al ayuntamiento de la ciudad de Homestead para protestar en contra de la ley. “Nosotros pensábamos que iban a llegar honestamente 200, 300 personas y llegaron 3,000”, precisó Kennedy.

La “Marcha por la Unidad”, como se llamó, fue organizada por WeCount! que reúne a trabajadores en la agricultura, construcción y limpieza, tres de los rubros con más mano de obra inmigrante en el estado.

Uno de cada cuatro trabajadores de Florida era inmigrante, según un análisis del Censo de 2018 que detalló que éstos representaban el 49% del total de empleados en agricultura, pesca y silvicultura; 44% en limpieza y mantenimiento de edificios y terrenos; y 38% en construcción y extracción.

Las protestas, que están surgiendo “orgánicamente” en las comunidades, están siendo impulsadas no solo por inmigrantes sino también por sus empleadores, señaló Kennedy.

“Queremos que la ley sea revocada y es posible”, afirmó Kennedy citando ejemplos de otras iniciativas similares en estados como Alabama y Arizona que demostraron la necesidad de proteger a los trabajadores inmigrantes.

“Se terminaron pudriendo las cosechas en los campos, porque los proyectos (de construcción) no se terminaron, entonces tuvieron que ser revocadas”, afirmó.

En 2018, los hogares encabezados por inmigrantes pagaron 23,200 millones de dólares en impuestos federales y 8,500 millones en estatales y locales, según un análisis del Censo. Las personas indocumentadas contribuyeron unos 1,300 millones en impuestos federales y 588.3 millones en impuestos estatales y locales.

Se prevé que una vez entre en vigencia la ley de DeSantis, el 1 de julio, y se defina cómo será implementada, se enfrente a “uno o más desafíos judiciales directos a una o más disposiciones de la ley”, explicaron expertos a Noticias Telemundo.

Aunque en el estado el panorama es desalentador aún hay opciones, explicó Katie Blankenship, directora jurídica en Florida de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“La nación está prestando atención” a Florida por las legislaciones promovidas por DeSantis, aseguró, mientras otros políticos conservadores contemplan si es una estrategia que puede extenderse a todo el país.

“Una forma de impedirlo es mostrar que la gente de Florida está furiosa, que se niega a desaparecer en silencio en la noche, que no tolerará este tipo de ataques y discriminación”, apuntó Blankenship, quien instó a los inmigrantes a contactar a organizaciones locales para protestar de forma segura: “Sabemos que hay un riesgo en el estado”.

Ron DeSantis, de 44 años, va segundo en las encuestas de cara a las primarias presidenciales. Sin embargo, avanza muy por detrás del principal contendiente por la nominación republicana hasta el momento: el expresidente Donald Trump. DeSantis ha dejado claro desde antes de lanzarse al ruedo político por la Casa Blanca que hará de la inmigración el caballo de batalla de su campaña.

Periodista digital en Noticias Telemundo. Cubre temas de migración, historias con enfoque de género y reportes de última hora.